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EL ESCANDALO FIDECAYA

¿Quién se acuerda hoy día del escándalo Fidecaya, inmersos como estamos en tiempos de estafas y de crisis (escribo estas líneas en junio de 2009)? Los afectados, seguro que aún lo recuerdan por haber sentido en sus carnes el dolor de la trampa maliciosa y malévola. Yo recuerdo que en tiempos, la tele anunciaba las bondades del producto a través del inolvidable y célebre humorista Miguel Gila («¡FIDACÁYATE YA!»). Y es que desde siempre ha habido estafas sonadas, el problema es que eran mucho menos aireadas por lo medios de comunicación, sometidos a una férrea censura, y en tiempos anteriores, por simple y llano desconocimiento. Fidecaya fue una de las más, más sonadas. Y es que claro, nadie da duros por 4 pesetas. Pero, por desgracia, muchos no somos conscientes del engaño en el instante en que se produce...

Fidecaya era una entidad de ahorro particular creada en 1952, que tenía en agosto de 1981, cuando se percibieron las primeras irregularidades, más de 240.000 pequeños depositantes.

La crisis suponía que los cedulistas se quedaran sin sus ahorros, pero el Estado garantizó sus depósitos. Fidecaya acumuló pérdidas superiores a la mitad de su capital suscrito, aplicó a sus operaciones condiciones distintas a las que tenía autorizadas y carecía de tesorería. Se trataba de presuntas estafas financiero-inmobiliarias que superaron los 1.800 millones de pesetas (11 millones de euros).

El Consejo de Ministros acordó en septiembre de 1980 hacer efectivas las garantías de devolución de depósitos a los cedulistas de Fidecaya en los porcentajes fijados por decreto ley. Igualmente decidió iniciar la liquidación forzosa e intervenida de esta «entidad de ahorro particular». Con esa decisión, los depósitos de los ahorradores cesaron de devengar intereses y premios. El plan ordenado de devoluciones de las cantidades garantizadas por el Estado, así como la efectividad de anticipos del Banco de España, se llevaron a cabo contando con las posibilidades de ventas de bienes. Fidecaya agotó su liquidez y dejó de operar al ser intervenida el 19 de agosto de 1980 por Hacienda, al considerar la Dirección General de Seguros que las aportaciones prometidas por Edmundo Alfaro, propietario de la entidad, al hacerse con la presidencia de la entidad no alcanzaban los objetivos de saneamiento, así como después de dos semanas de retiradas de depósitos.

La fiscalía abrió en 1982 un proceso por presuntas estafas de más de 1.200 millones de pesetas. El polémico juez Ricardo Varón Cobos, que sustituyó por un mes al juez que entendía el caso exculpó al último propietario de Fidecaya, Edmundo Alfaro. La fiscal Carmen Tagle no se conformó con la decisión del juez Varón Cobos e interesó nuevas medidas contra Alfaro. Pero, sorprendentemente, en 1989 otro fiscal pidió el archivo del caso.

 

 
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